PROGRAMA ELECTORAL UPyD LOS BARRIOS

El programa electoral de UPyD Los Barrios, es un documento vivo, abierto a las sugerencias y demandas de los vecinos de Los Barrios, Palmones, Cortijillos, Puente Romano, etc. Nuestro objetivo fundamental es servir al pueblo, luchar por sus derechos e intereses. Trabajamos para garantizar el derecho fundamental de igualdad ante la ley (art. 14 C.E.).

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PROGRAMA UPyD LOS BARRIOS

El programa se divide en dos partes fundamentales: I ¿Qué es UPyD? y II. El ámbito municipal. La primera será desarrollada íntegramente por el Consejo Territorial, por lo que la función de los ponentes de programas será la de desarrollar y llenar de contenido la segunda parte, que se divide a su vez en los apartados: El Ayuntamiento, La Ciudad, El Ciudadano, Sociedad de Vecinos y Tu ciudad: barrio a barrio.

I.          ¿QUÉ ES UPyD?

Las próximas elecciones municipales a las que estamos llamados en mayo de 2015, además de constituir la oportunidad de avanzar en la solución de los problemas y necesidades concretas de cada municipio, son decisivas para establecer las bases de la regeneración democrática y un futuro político en España que defienda la Igualdad así como los Derechos y Libertades individuales de los ciudadanos.

Cuando se fundó Unión Progreso y Democracia en 2007, la regeneración democrática se constituyó como la razón de nuestra existencia y el objetivo de nuestro trabajo. Así ha sido durante estos siete años y medio y así seguirá siendo, pues el trabajo realizado confirma que es posible convertir en el centro del debate político aquellas propuestas regeneradoras que, antes de existir UPyD, parecían imposibles de plantear.

Desde las últimas elecciones municipales de mayo de 2011, UPyD cuenta con 151 concejales y 1 alcaldesa en 94 municipios de 24 provincias en 11 comunidades autónomas, además de representación en el Congreso de los Diputados, el Parlamento Europeo y en Asambleas y Parlamentos autonómicos como Madrid, Asturias o País Vasco. Todos ellos ciudadanos y ciudadanas implicados en la regeneración democrática que, tras ser elegidos en primarias, obtuvieron la confianza de cientos de miles de ciudadanos a los que ahora representan en las instituciones con propuestas para acabar con los privilegios de los cargos públicos y de los partidos políticos, a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción, de la racionalización de las administraciones y el gasto público, de reforma constitucional y de la ley electoral, por la independencia de la justicia, la mejora de la educación y de la política económica y laboral, y para solucionar los dramas consecuencia de la crisis, como los desahucios o el catastrófico aumento del desempleo y de la pobreza.

Nuestros representantes han renunciado a las prebendas que consideramos privilegios o recursos superfluos y desmesurados y hemos rechazado la participación en gobiernos de cualquier nivel. Hemos renunciado a puestos en los Consejos de entidades en las que, según pensamos, no debe haber representantes de partidos políticos, como son los de empresas públicas, entidades financieras o medios de comunicación públicos.

UPyD ha sido el único partido político que ha llevado ante la Justicia el saqueo y ruina de las Cajas de Ahorros, como Caja Madrid o Caja Granada, la emisión masiva y engañosa de preferentes o las tarjetas black querellándonos contra Bankia. Nos hemos personado como acusación en los escandalosos casos de corrupción de los ERE irregulares o el caso UGT Andalucía, entre otros.

Además, UPyD es el partido más transparente según las principales organizaciones independientes de supervisión y medición de transparencia, como Transparencia Internacional, que la calificó con sobresaliente frente al suspenso casi generalizado del resto de partidos, o la Fundación Compromiso y Transparencia o El Nuevo Lunes que han premiado la transparencia informativa y los contenidos de la web de UPyD.

a) ¿Por qué es necesario nuestro partido?

Los dirigentes de las instituciones democráticas españolas no han estado a la altura de sus obligaciones en la grave crisis económica y ésta ha destapado otra crisis aún mayor y con consecuencias más peligrosas: la crisis social y política. Nuestra democracia ha degenerando en un bipartidismo imperfecto donde PSOE y PP se alternan en el poder, en ocasiones con el apoyo nacionalista a cambio de nuevas concesiones a sus interminables exigencias, alejada de las necesidades e intereses de los ciudadanos, lo que nos ha traído a un sistema corrupto que ha sido diseñado y creado ex profeso por los viejos partidos políticos y sindicatos o patronales afines, las Cajas de Ahorros y las empresas amigas, y los grupos de comunicación comprometidos con unos y otros.

Por este motivo, los partidos políticos y la llamada “clase política” son vistos por la mayor parte de la sociedad como uno de los principales problemas y el origen de muchos de los males que nos azotan a los españoles. Sin duda, la carencia de propuestas y actuaciones políticas dirigidas a la consecución de un Estado de bienestar sostenible, a la garantía de la inversión necesaria en Educación, Investigación, Sanidad y Servicios Sociales fundamentales, a la racionalización del gasto de las administraciones públicas, a la eficiencia y transparencia de las Instituciones públicas o a la lucha contra la corrupción y su prevención, hacen indispensable la presencia del proyecto regeneracionista de UPyD en los ayuntamientos españoles.

b) La necesidad de un partido regeneracionista, ahora más que nunca.

UPyD aspira a representar en las instituciones a todos los ciudadanos que quieren regenerar las reglas de la democracia, sin recurrir a atajos irresponsables, a discursos populistas, ni a tentaciones antisistema. Por esa razón, huyendo de las etiquetas ideológicas tradicionales a las que se empeñan en acudir los viejos partidos y los medios de comunicación, las propuestas políticas de UPyD tienen un carácter transversal, estando articuladas por un programa político inclusivo en lugar de por una ideología. UPyD es un partido inequívocamente nacional, lo que significa que actuamos y defendemos lo mismo en toda España, sin excepciones territoriales y bajo las mismas siglas, y es un partido laico y progresista, convencido de que la mejora de la democracia consiste en el progreso de la igualdad ante la ley y del Estado de Derecho, y de la igualdad de oportunidades y la libertad personal, sin que supuestos derechos históricos o colectivos, creencias religiosas o identidades étnicas o nacionalistas puedan emplearse para coartar la igualdad y la libertad o excluir de sus beneficios a cualquier segmento de la sociedad, ni a los habitantes de un territorio particular.

Regenerar la democracia española consiste esencialmente en restaurar la independencia y funciones de las instituciones públicas, rescatándolas de su puesta al servicio de intereses privados, de partido o grupo de intereses opacos, ajenos al interés general. Es conseguir que los ciudadanos sean eficazmente representados y ejerzan un control habitual sobre sus representantes a través de la dación de cuentas y la transparencia activa. Es obligar a los gobiernos a cumplir sus compromisos y asumir la responsabilidad por sus actos, dando cuantas explicaciones les sean requeridas. Regenerar la democracia es convertirla en un sistema político donde las decisiones se toman tras un debate libre, abierto y público, sin limitarlo a las elecciones y campañas electorales. Es propiciar la participación ciudadana y extender la tolerancia cero a la corrupción, a la discriminación por cualquier pretexto y a la violencia política material o simbólica. La regeneración de la democracia consiste en que todas las instituciones funcionen y que todos cumplan por igual las leyes aprobadas por los representantes públicos, sin excepciones ni privilegios.

c) Nueva distribución de competencias.

Tras la aprobación de la Ley 27/2013 de 27 de septiembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Junta de Andalucía presentó Recurso de Inconstitucionalidad con fecha 27 de marzo de 2014 en defensa del Estatuto de Autonomía y legislación sobre la autonomía local, como las leyes de Autonomía Local de Andalucía (que concede plena autonomía a los municipios para decidir cómo organizan su territorio, delimita sus 28 competencias propias y fija los procedimientos para la posible transferencia de gestión desde la Junta) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (que garantiza a los entes locales una financiación incondicionada, respetando las decisiones y prioridades de gasto de los ayuntamientos), ambas en vigor desde 2010.

En concreto, se aduce que la dicha Ley incurre en exceso competencial por vulnerar el 148.1.2ª, 149.1.14ª y 18ª de la Constitución, al haberse excedido en el ejercicio de sus competencias para establecer las bases del régimen jurídico local, así como vulneración de otros preceptos constitucionales, al haber vulnerado la autonomía local y la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, haber ordenado unilateralmente el proceso de asunción, por parte de las Comunidades Autónomas, de competencias que hasta ahora pertenecían a los Municipios y limitar el derecho de los representantes de las Corporaciones locales.

Posteriormente, se dictó Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Con este Decreto-Ley la Junta blindó al municipalismo andaluz de las consecuencias que la Ley 27/2013 pudiera generar en los ayuntamientos andaluces creando un dique de contención al desmantelamiento de los servicios públicos que pretendía el Gobierno Central con la reforma local. De manera que ningún ayuntamiento ni diputación en Andalucía pueden actualmente escudarse en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la  Administración Local para dejar de prestar un servicio trascendente en sus municipios o provincias.

También el Consejo de Estado en Dictamen emitido concluyó que la reforma local lesionaba la autonomía de los municipios.

Es por ello, que en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional al respecto, la aplicación de la ley en Andalucía no se ha producido por lo que hemos de abordar este programa marco desde la perspectiva del actual marco competencial.

II.         EL ÁMBITO MUNICIPAL

a) Situación política municipal.

b) ¿Qué ha hecho UPyD en el municipio?

c) ¿Qué propone UPyD para el municipio?

El Ayuntamiento

Hacienda, Economía y Patrimonio

Competencias impropias sólo podrán asumirse cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera.

Transparencia en las cuentas públicas: publicación en la página web del Ayuntamiento de los presupuestos anuales y sus liquidaciones,  actas de las sesiones plenarias, nóminas de los concejales, gastos de kilometrajes, dietas, convenios con otros entes, etc.

Racionalización del gasto: eliminación de la tarjeta de alcaldía y de boletines con intereses partidistas (Ayuntamiento Responde), reducción de gastos en publicidad y propaganda, en televisiones. No realización de obras innecesarias, estudio económico adecuado para huir de la caja única, reducción de la morosidad de la Administración, etc.

Entes supramunicipales: revisar convenios y recuperar competencias propias del Ayuntamiento como la recaudación de  impuestos y tasas cedidos a la Diputación Provincial y a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Eliminación de entes superfluos.

UPyD en Los Barrios buscará las soluciones necesarias para conseguir la reducción de la morosidad de la Administración pública.

Concesiones a empresas privadas: estudiar el rescate de los servicios públicos básicos cedidos a Sitelec S.L.,  Acciona S.A. y Ociosur (alumbrado público, limpieza viaria y jardines, piscina cubierta y de verano).

Empresas públicas

Fiscalizar la disolución de las empresas públicas municipales, actualmente en proceso de liquidación (Empresa Municipal de Recaudación Los Barrios, Radio y Televisión Los Barrios S.L., Gestión Agropecuria y Medioambiental de Los Alcornocales S.L. (GAMA) e Iniciativas Los Barrios S.L.)

Recursos Humanos

Optimización de los Recursos Humanos.

La estructura organizativa de muchos ayuntamientos está poco definida, y además está muy fragmentada; muchas concejalías con estructuras, diferenciadas, muchos negociados, muchos mandos intermedios. Estructuras en definitiva, sobredimensionadas y que despilfarran recursos y que no pueden seguir siendo mantenidas por las administraciones municipales.

Por ello es necesario aplicar medidas que contemplen:

La revisión y modernización de la estructura orgánica de los  puestos de trabajo en los  Ayuntamientos, que posibilite una revisión estructural y con mejor aprovechamiento de los recursos humanos.

Adecuar la Oferta de Empleo público a esas necesidades reales de efectivos. Esto conlleva necesariamente una política de no reposición de plazas por jubilación o fallecimiento en grupos profesionales que se encuentren sobredimensionados o en los que sea susceptible la amortización de puestos de trabajo. No obstante aquellas plazas que se encuentren vacantes y cuya cobertura sea indispensable serán provistas mediante los sistemas de provisión recogidos en el EBEP (Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público).

Supresión de gastos superfluos o innecesarios.

Aplicar de manera rigurosa un régimen claro de incompatibilidades para los empleados públicos del Ayuntamiento para el ejercicio de actividades privadas, con especial atención a las relacionadas con el puesto ocupado en el Ayuntamiento y que puedan implicar el ejercicio de autoridad (otorgamiento de Licencias, Inspecciones).

En la provisión de las plantillas de trabajo de las entidades locales y en su caso, organismos autónomos, generalizar el estatuto funcionarial en las entidades locales y organismos autónomos, es decir que los puestos sean desempeñados con carácter general por personal funcionario.

En las relaciones de puestos de trabajo reservar aquellos que corresponderán en exclusiva a los funcionarios de carrera de las entidades locales, y que en todo caso serán aquellos puestos que tengan funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales,  cualquier caso habrán de ser desempeñados por funcionarios. La adscripción de este tipo de personal a esos puestos es garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de su función y pone coto a la huída del derecho administrativo a través de plantillas sobredimensionadas de personal laboral, en detrimento del personal funcionario.

Garantía de transparencia en los sistemas selectivos. El sistema de elección de este personal ha adolecido en muchas ocasiones de una falta de acomodación a los principios constitucionales de mérito y capacidad y del respeto, en suma, a la igualdad de oportunidades así como de cumplimiento de la necesaria publicidad de la convocatoria.

Personal eventual y de confianza

El art. 105 de la Ley 41/1975 de Bases de Estatuto de Régimen Local establece que el cese del personal eventual se produce de forma automática con el de la Corporación que los nombró y ha de aplicarse con rigor, evitando “puertas giratorias” impidiendo contrataciones irregulares antes del cese, en la misma Entidad Local a la que pertenecen.

Evitar las contrataciones arbitrarias y de clientelismo político son objetivos prioritarios para UPyD, por lo que la contratación de este tipo de personal ha de regirse siempre y en todo caso, por criterios de mérito y capacidad y no por lealtad política.

Amortización de las plazas existentes del personal de confianza o eventual, las cuales son ocupadas por personal nombrado “a dedo” por el actual Gobierno Local (PA-PP).

Limitación de la libre designación: no podrá usarse la libre designación para proveer ningún puesto de naturaleza técnica.

Los puestos de trabajo descritos en la Relación de Puestos de Trabajo para ser cubiertos por funcionarios de carrera han de ser provistos exclusivamente por este tipo de personal, impidiendo que cualquier otro personal pueda producir duplicidades en la gestión pública y garantizándose así la imparcialidad de la administración a la par que se recorta el gasto innecesario que produce la duplicidad de personal para una misma actividad.

Cualquier modificación de la Relación de Puestos de Trabajo ha de venir acompañada por una memoria y estudio de viabilidad, que justifique dicha necesidad así como el correspondiente incremento en los ingresos que satisfaga el nuevo coste generado. La memoria y el estudio de viabilidad deben contemplar unos ingresos por encima del 150 % del coste para cubrir posibles desviaciones presupuestarias, así como que los mismos se van a mantener a lo largo del tiempo o, al menos mientras la nueva contratación forme parte de la plantilla. Obviamente todas las contrataciones o incremento de la plantilla de empleados públicos estarán presididas por los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad.

Acuerdo regulador / convenio: consensuar y aprobar en sesión plenaria, un acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos municipales, con plena validez y eficacia. Ejecución de sentencias favorables a los trabajadores despedidos ilegalmente por el PA-PP.

Secretarios, Interventores y Tesoreros

Todas ellas son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

La Ley 27/2013 ha introducido cambios en materia de concursos en la Escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional que vienen a reforzar los principios de mérito y capacidad pero hay que lamentar que, el artículo 92 bis LRL hable de que “excepcionalmente”, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación, en los municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 (capitales de provincia o de comunidad autónoma, o población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes).

Es decir, por una parte el legislador mantiene la libre designación en los supuestos que se contemplaban con la anterior DA 2.ª del EBEP, pero además ahora se amplía a otros nuevos.

Si la excepcionalidad se abría hasta ahora para los municipios comprendidos en el artículo 121 LRL, incluyendo pues a los de más de 250.000 habitantes, y capitales de provincia de más de 175.000 habitantes, Diputaciones y Cabildos o Consejos, pudiendo ampliarse por ley al resto de capitales de provincia o a los municipios de más de 75.000 habitantes con características especiales, mediante ley específica, ahora, además, de una manera subrepticia, con una remisión disparatada a LHL, se amplía a un mayor ámbito subjetivo, y podrán utilizar este mecanismo todas las capitales de provincia o de comunidad autónoma, así como los municipios con población de derecho igual o superior a los 75.000 habitantes, así como las Áreas Metropolitanas.

En UPyD entendemos que estos puestos de trabajo en ningún caso deben de ser provistos por un sistema de libre designación, dada la naturaleza del cargo por lo que para garantizar la imparcialidad y objetividad de la administración local, los funcionarios con habilitación Estatal serán seleccionados por el Estado por concurso público exclusivo.

Para su efectiva implantación necesariamente exige la intervención de otras instancias y una normativa de regulación estatal.

En relación con  estos puestos proponemos:

Garantía de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, a través de organismos supramunicipales pero única y exclusivamente a través de este tipo de personal con habilitación de carácter nacional.

Auditoría de cuentas de las entidades locales – independientemente de la obligación de los órganos interventores de las entidades locales de remitir con carácter anual a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los controles desarrollados en cada ejercicio, en los plazos y con el contenido que se regulen – que tenga carácter anual y público.

Publicidad y accesibilidad de los ciudadanos al informe de reparos emitido por el órgano interventor al Pleno, de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

Publicidad y accesibilidad de los ciudadanos al informe anual que el órgano interventor remite al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la entidad local y por el Pleno de la corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

Administración electrónica

No hay opción. La ley es clara y marca una dirección que es ineludible para dar un salto cualitativo muy importante en la relación con los ciudadanos. Las Entidades Locales tienen que transformarse, cambiar, organizarse de manera distinta para funcionar de manera distinta. La sociedad lo demanda y quien no se prepare quedará postergado en la carrera modernizadora que se ha iniciado.

La actual situación en cuanto a disponibilidad de herramientas y medios tecnológicos adecuados -acceso, equipos y programas-y la extensión a casi todos los ámbitos de su disponibilidad, hacen posible que la transparencia y la Administración electrónica sean una realidad a corto-medio plazo con voluntad real de avanzar.

Desde UPyD proponemos avanzar en la administración electrónica para facilitar la comunicación entre ciudadanos y empresas y los Ayuntamientos en especial para la realización de trámites ante la administración, impulsando decididamente su extensión más allá de lo dispuesto en la legislación sobre acceso electrónico de los ciudadanos.

Todas las solicitudes y tramitaciones de los ciudadanos y empresas, así como los documentos que las diferentes gestiones a efectuar hagan necesaria su aportación deberán poder ser entregados en modo telemático sin que la presencia física en las dependencias municipales para aporte de documentos sea necesaria; actualmente no es posible casi nunca.

Utilización de las herramientas y aplicaciones que pone a disposición de las distintas administraciones el Centro de Transferencia de Tecnología, en cuyo directorio general de aplicaciones se encuentran un buen número de proyectos de Administración Local que han sido ejecutados con financiación e-Model y que pueden ser  reutilizados o servir como referentes para otras Entidades Locales, especialmente aquellas entidades locales que por su dimensión y tamaño tienen una menor implantación de aplicaciones que permitan el acceso electrónico de los ciudadanos.

Fomentar la colaboración entre distintas entidades locales a través de Convenios, que permitan un impulso en el avance de la implantación de la administración electrónica en una economía de escala.

Transparencia en la Administración

La democracia parlamentaria se fundamenta en la confianza del pueblo, y esa confianza exige transparencia en el funcionamiento de las instituciones públicas y en las personas que las representan.

Entre los principios generales de funcionamiento de la Administración en su relaciones con los ciudadanos se encuentra el de transparencia, y así se recoge en el artículo 3.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJ-PAC). La inclusión de ese principio obliga a la Administraciones públicas a su implementación y cumplimiento, tarea que se encuentra en sus inicios pues la inercia del pasado juega a favor de la opacidad en su funcionamiento.

Es necesario promover una transformación en la Administración que la haga cercana al ciudadano, útil y con un funcionamiento ágil y eficiente.

Para ello proponemos:

-La creación de un Portal de Transparencia en la Sede Electrónica de los Ayuntamientos donde aparecerán de una manera accesible:

1.                  Los presupuestos con una descripción sencilla y accesible a los ciudadanos de las principales partidas presupuestarias.

2.                  Los contratos – incluidos los menores -, convenios, subvenciones y ayudas públicas, con indicación de su importe y destinatario.

3.                  Las cuentas anuales, informes de auditoría de cuentas y de fiscalización, del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, y entidades públicas empresariales si los hubiera.

4.                  Datos sobre el parque móvil municipal - número de vehículos disponibles, marca, modelo y uso al que están asignados -.

5.                  El perfil profesional de todos los Directivos y Asesores del Ayuntamiento y las funciones asignadas*.

6.                  Las retribuciones percibidas anual y mensualmente por los altos cargos – Directivos y Asesores - igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo*.

-          Con respecto al personal Directivo y Eventual de confianza se adoptarán las siguientes medidas de transparencia*.

‒          Publicación de los requisitos de idoneidad que deben cumplir los Directivos y Asesores*.

‒          Asignación de objetivos y establecimiento de índices que permitan su evaluación*.

‒          Régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades que serán aplicables*.

Optimización de los recursos humanos, personal eventual y de confianza, administración electrónica, gestión de servicios e infraestructuras públicas. La contratación de personal de confianza estará limitada a lo estrictamente necesario para el funcionamiento de los grupos. En los demás casos sustitución del criterio de confianza por el criterio técnico de adecuación y capacidad, designando a personal de carrera para puestos de carácter técnico como pueden ser los Directores Generales, asesores de concejalías o expertos en materias concretas que puedan ayudar a los Grupos Municipales*.

* UPyD apuesta por la supresión / amortización de las 4 plazas existentes de personal eventual en el Ayuntamiento de Los Barrios, ofertando las plazas del personal de carrera necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración. De darse la situación actual, tras la celebración de los próximos comicios, UPyD exigirá todas las medidas de transparencia mencionadas con anterioridad.

Regeneración Democrática y Transparencia

Control de la actividad municipal (independencia de secretario, interventor, tesorero), adscripción a Ley de Municipios de Gran Población, promoción de la fusión municipal, manteniendo la autonomía de las entidades locales menores para la gestión de sus recursos propios.

Tasas e impuestos municipales

I.B.I. (Impuesto de bienes inmuebles), IIVTNU (Plusvalía), IVTM (Impuesto de vehículos de tracción mecánica), etc., debe existir proporcionalidad a la hora de su cobro, además de tender a rebajar la cuantía de los mismos a lo largo del tiempo con equidad y congruencia. Es necesario la equidad tributaria, reducción de presión recaudadora, etc. También es necesario mejorar el uso particular del dominio público (vados, estacionamiento, cajeros, veladores, etc.), modificando las ordenanzas existentes.

El principio constitucional de suficiencia financiera está lejos de ser garantizado en la normativa vigente. Las sucesivas reformas en el ámbito local no han logrado clarificar el núcleo competencial de los municipios, que aún han de moverse entre la normativa estatal y autonómica sobre la materia. Muchas leyes sectoriales incrementan las obligaciones, responsabilidades o cargas municipales, lesionando la autonomía local al no poner a disposición de los Ayuntamientos los recursos necesarios para cumplirlas, o incurriendo en evidentes moras que quebrantan gravemente sus haciendas.

En el actual contexto económico era más que necesaria una nueva regulación de los recursos locales, que hiciera a los municipios menos dependientes de la riqueza inmobiliaria como materia imponible. Sin embargo, la nueva Ley de Haciendas Locales, vuelve a ser demorada, permitiendo que las medidas coyunturales de alivio de la situación financiera municipal, terminen siempre en mayor presión fiscal, con sacrificio de los principios constitucionales de justicia tributaria.

Racionalización de la Imposición inmobiliaria

La situación presupuestaria de muchos Ayuntamiento exige medidas de mayor impacto -y de orden distinto- que el incremento sistemático de las cuotas en los  tributos locales.

El potencial de reducción de gastos suele ser superior a la capacidad ciudadana de encajar nuevas subidas de impuestos. Una política municipal que racionalice los  ingresos tributarios, aliviando la excesiva carga fiscal que soportan sus ciudadanos, no supone necesariamente una amenaza a los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera. Solo exigiría una racionalización pareja de los gastos del Ayuntamiento.

No parece ser esta la opción por la que ha apostado el legislador estatal. Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, acudiendo al recurrido argumento de “los compromisos de Estabilidad mantenidos por el Reino de España”, prolonga dos ejercicios más (2014 y 2015) el incremento de los tipos impositivos del IBI respecto a los inmuebles de uso residencial y no residencial, en las condiciones que la propia norma describe. El porcentaje de incremento iría del 10 al 4 %, según cuál sea el año de aprobación de la ponencia de valores total aplicable al procedimiento de valoración colectiva de carácter general para inmuebles urbanos del que haya sido objeto el municipio. El tipo aplicable no puede ser superior en ningún caso al máximo que resulte de lo establecido en el art.72 (1,10 para urbanos y 0,90 para rústicos). Con lo cual, el margen de potencial subida de tipos en manos de las políticas municipales se puede incrementar considerablemente.

Es un hecho que pagamos más, pero también es evidente que la interminable crisis económica que padecemos ha mermado la capacidad contributiva de la mayoría de los ciudadanos.

La regulación estatal del I.B.I. atribuye a la Administración Central de Estado,  a través de la Dirección General de Catastro, la cuantificación de la base liquidable -valor catastral con sus reducciones- y al Ayuntamiento la fijación del tipo impositivo, dentro de un rango que va de un mínimo de 0,40% y máximo de 1,10% para viviendas, con posibilidad de establecer recargos para inmuebles de uso residencial desocupados (hasta el 50% de la cuota líquida) o para los inmuebles situados en las áreas metropolitanas (de hasta el 0,2% sobre la cuota del impuesto). Asimismo permite supuestos muy limitados de exenciones y bonificaciones que los Ayuntamientos pueden modular. Sin que quepa legalmente –según ha señalado la jurisprudencia-- la posibilidad de subvencionar parte de la cuota como medida para reducir la presión tributaria excesiva sobre determinados ciudadanos (STS 19-5-14).

Las revisiones de valores catastrales operadas en los últimos años, a pesar de las medidas de ponderación, han elevado de facto la base liquidable del IBI en la mayoría de los municipios, alejando la recaudación total de este impuesto de la capacidad económica que representa la mera titularidad de la propia vivienda habitual en una situación general de crisis.

UPyD propone, para evitar este efecto perverso, la congelación o, incluso reducción, de los tipos impositivos, dentro de los márgenes legales, de forma que se asegure una reducción efectiva de cuotas, con independencia del eventual incremento de las bases liquidables.

La sensación de asfixia de los vecinos, ante el poder tributario local, se acrecienta con otro impuesto, esta vez potestativo: el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

De acuerdo con la normativa que regula el IIVTNU, la base imponible del Impuesto se determina aplicando al valor del terreno (el valor a efectos del IBI, es decir, sobre base catastral) un porcentaje que, a su vez es el resultado de multiplicar el coeficiente establecido por el ayuntamiento, dentro del límite legal, por el número de años de generación del incremento (art.107 LHL).

De este modo la cuantía del impuesto aumenta en función del número de años transcurridos entre la adquisición y la transmisión del terreno (con un máximo de 20 años), con total independencia de la ganancia real obtenida con la transmisión del terreno. La regla de determinación de la base imponible del IIVTNU no es una presunción ni una regla probatoria, sino una regla de valoración que permite cuantificar la base imponible a través de un método objetivo. El impuesto no somete a tributación una plusvalía real, sino una plusvalía cuantificada de forma objetiva.

Y ello es así porque el fundamento de este impuesto no es tanto gravar el incremento real provocado por el titular del terreno por diferencia entre unos precios de venta y compra, sino que trata de gravar el incremento de valor del terreno como consecuencia de la acción urbanística del propio municipio donde se encuentra (instalación o mejora de alumbrado público, aceras, mobiliario urbano, etc.). Con este impuesto, por tanto, se pretende que el sujeto pasivo devuelva a la colectividad parte del beneficio por él obtenido.

La capacidad económica que sirve de fundamento a este Impuesto se inscribe en el campo de las plusvalías inmerecidas de naturaleza inmobiliaria, es decir, aquellas plusvalías de los terrenos no debidas a la actividad de los particulares, sino a causas extrañas a la misma, tales como el simple crecimiento de los núcleos urbanos.

Se trata, como hemos dicho, de un impuesto de establecimiento potestativo, que proporcionaba cuantiosos ingresos para las arcas públicas en plena época de la burbuja inmobiliaria, pero cuya recaudación actual está pasando a ser meramente testimonial, y percibida como decididamente injusta. En una época de valores de mercado que manifiestan perdidas en todas las transacciones inmobiliarias, el devengo de un impuesto sobre la base de plusvalías ficticias es difícilmente comprensible para los ciudadanos.

UPyD propone estudiar la suspensión temporal de su vigencia, hasta la recuperación del valor inmobiliario, o la reducción de cuotas, en función del margen de maniobra del municipio y dentro de los límites legales.

Criterios de equidad en la aplicación tributos

La política de moderación de la presión fiscal debe acompañarse de ajustes de equidad que corrijan injusticias comparativas, permitiendo una cierta mejora en la recaudación sin necesidad de incrementar la carga de la generalidad de los contribuyentes.

Junto con la congelación, o disminución de la presión fiscal para particulares, debe agotarse la posibilidad, respetando la legalidad y los principios tributarios, de gravar a las empresas que manifiesten mayor capacidad contributiva.

Por otra parte, cabría reconsiderar las escasas exenciones y bonificaciones que la ley permite y el Ayuntamiento modula en lo que al I.B.I. se refiere. Las principales exenciones o bonificaciones, son, por obligación legal, las de ciertos edificios de las AAPP, la Iglesia Católica, otras confesiones y ciertas entidades sin ánimo de lucro, y por posibilidad legal, los colegios concertados y las familias numerosas.

A este respecto, hay que insistir en exigir políticamente a la Administración Central del Estado compensaciones por las exenciones legalmente obligadas, comprobar con rigor la legitimidad, inmueble a inmueble, ya que los requisitos son exigibles por uso individualizado, de la aplicación de la exención a confesiones religiosas y entidades sin ánimo de lucro. Así como modular la bonificación de familias y la de colegios concertados.

En cuanto a inmuebles distintos de viviendas, parece oportuno, dada la situación actual, no extender a ellos el esfuerzo presupuestario de congelación, manteniendo sus tipos específicos.

Por su dificultad práctica, los ayuntamientos no aplican la posibilidad legal de imponer un recargo del I.B.I. de hasta un 50% en las viviendas vacías. Sin embargo, puede estudiarse su establecimiento, como medida redistributiva.

Tasas por prestación de servicios

En relación a las tasas por prestación de servicios de solitud o recepción obligatoria, es necesario garantizar una distribución equitativa del coste total del servicio entre sus potenciales destinatarios.

La normativa vigente se limita a prohibir que el importe total de las tasas exceda del límite absoluto determinado por el coste real o previsible  de los servicios que se financian con su exacción. No es preciso que la cuota a pagar por cada sujeto pasivo esté cuantificada con referencia al coste que entraña la prestación del servicio a ese concreto sujeto, sino que la ley ampara la posibilidad de distribuir el importe de la tasa entre los obligados tributarios conforme a múltiples criterios, entre ellos, el de capacidad económica.

Para el cálculo de la cuantía  de estas tasas se habrán de considerar todos los costes a los que dé lugar la prestación de los servicios o la realización de las actividades: costes directos e indirectos, costes de carácter financiero, costes de amortización del inmovilizado, y, en su caso, costes necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio (que se calculará con arreglo al presupuesto y el proyecto aprobados por el órgano competente) o la actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. Lo que implica una escrupulosa elaboración de los Informes técnico-económicos a la vista de los cuales se establece el tributo.

Después vendría el uso de parámetro adecuados de individualización de su coste, que pondere en cada caso, y de forma objetiva, el uso particular del servicio,  y tenga en cuenta, con efectos redistributivos, más índices de capacidad económica que se los que vienen siendo habituales (utilizar el valor catastral del inmueble, o la categoría de la calle).

Uso particular del dominio público

Al contrario de lo que ocurre con las tasas por servicios, el Ayuntamiento tiene un gran margen legal para incrementar la recaudación en las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público o vía pública.

En términos generales debe hacerse coincidir el importe de la tasa con el valor de mercado que correspondería a la utilidad derivada de la utilización o el aprovechamiento del demanio, en caso de que los bienes ocupados por el sujeto pasivo no fueran de dominio público. Se impone, por lo tanto, una regla general de equivalencia  entre la cuantía del gravamen y el valor económico asociado al aprovechamiento, remitiéndose la ley a las ordenanzas fiscales en lo que se refiere a la fijación, en cada caso, de los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada atendiendo a su específica naturaleza.

Esa correspondencia debe ser en todo caso justa, y convenientemente sustentada en los correspondientes Informes económico-financieros. Cuando se acceda al uso privativo del dominio público a través de procedimientos de concurrencia competitiva, el  importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación, que nunca podrá ser menor que el que resulte del valor objetivo asociado al aprovechamiento.

Por otra parte, conviene considerar el establecimiento de tasas por otros usos del dominio público menos convencionales. Es posible gravar el uso indirecto  que realizan aquellos sujetos que no ocupan el demanio por sí mismos pero que se benefician como consecuencia de la ocupación que efectúan terceros. Un ejemplo de este uso sería el de las entidades financieras que emplazan cajeros automáticos accesibles desde la vía pública. En estos casos, el aprovechamiento especial no está en el usuario del cajero, sino en la entidad bancaria que lo coloca, obteniendo por ello un beneficio económico, siendo entonces la tasa la compensación correspondiente a ese beneficio específico y exclusivo que sin el aprovechamiento del espacio público no obtendría.

Reducción de la presión recaudatoria

La recaudación de los tributos en el ámbito local ha descendido drásticamente en los últimos tiempos, por cuestiones distintas a la voluntad política de reducir la presión fiscal sobre el ciudadano.

El sistema tributario local está excesivamente vinculado a la actividad inmobiliaria, de la que siempre van a derivar ingresos cíclicos, a través del ICIO o IIVTNU.  Con la tendencia natural a elevar la presión fiscal sobre materias imponibles “cautivas” como la titularidad de inmobiliaria (IBI, y todas las tasas vinculadas a la propiedad). Una agresividad fiscal frente al ciudadano, que además de injusta, es muchas veces torpe e ineficiente. Con lo que, además de incrementar la litigiosidad, exige el empleo de mayores recursos administrativos y termina constituyendo un problema financiero.

Lo que se ha hecho patente sobre todo en el notable incremento que han experimentado algunas tasas (por ejemplo, estacionamiento y vados), prescindiendo de los criterios técnicos que siempre han de sustentar su establecimiento. Con un fin recaudador, se olvida de nuevo el sentido del propio tributo, pensando más en la magnitud límite de lo que puede soportar la ciudadanía que en lo legítimamente justo.

Abuso de las multas como instrumento recaudatorio

La finalidad de las multas y sanciones es de naturaleza punitiva, no financiera, sin perjuicio de ser una partida que integra los ingresos de las entidades locales. Por ello la Ley de Haciendas Locales sólo las menciona al referirse a las fuentes de financiación.

Las sanciones pecuniarias que tienen por objeto castigar contravenciones del ordenamiento jurídico con el fin de evitar que se produzcan en el futuro. Deben imponerse cuando se realicen las conductas tipificadas como sancionables y  siguiendo, en todo caso,  el cauce procedimentalmente adecuado.

El empleo de las multas como recurso financiero supone una distorsión que provoca deformidades en la percepción de las normas. El abuso de este instrumento constituye desviación de poder, y denota mala fe en la actuación de los poderes públicos o falta de proporcionalidad en su imposición, con evidente perjuicio al ciudadano.

Los factores que favorecen el uso recaudatorio de este instrumento punitivo serían el mal uso que realizan los ayuntamientos de sus prerrogativas de autotutela. Obligando al ciudadano a agotar la vía administrativa, para después enfrentarse a los costes y la lentitud de la jurisdicción económico-administrativa.

En UPyD, consideramos intolerable la utilización ilegítima de las multas como recurso financiero. E inaceptable que cualquier ciudadano deba aceptar la lesión de sus derechos por no poder asumir los costes de su defensa.

ELIMINACIÓN DE LA MOROSIDAD EN LOS PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Aunque los Planes de Pago a Proveedores han logrado reducir la morosidad pública en las relaciones comerciales con la pequeña empresa y los trabajadores autónomos, se sigue incumpliendo la Ley,  perjudicando financieramente al tejido empresarial de cada municipio y comprometiendo el mantenimiento de muchos puestos de trabajo.

A pesar de la entrada en vigor de la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales;  y de la consecuente modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; se siguen sobrepasando escandalosamente los periodos medios de pago, triplicando los que exige esta normativa.

Nuestra pretensión no puede ser otra que eliminar la morosidad, comprometiéndonos, como mínimo, al cumplimiento de la normativa en la materia:

Plazos de pago:

- Como regla general, en defecto de pacto, el plazo de pago será de treinta días naturales contados desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios

- En los casos en los que legal o contractualmente se prevea un procedimiento de aceptación o de comprobación de los bienes o servicios, este deberá realizarse en un máximo de treinta días naturales desde la recepción de los bienes o la prestación de los servicios, y el plazo de pago será de treinta días desde su aceptación o verificación.

- Si los plazos de pago resultaran ampliados mediante pacto de las partes en ningún caso se podrá acordar un plazo superior a 60 días naturales.

- Si existiera pacto contractual de calendarios de pago a plazos y algún plazo no se abona en la fecha acordada, los intereses de demora y la compensación se calcularán sobre las cantidades vencidas.

Interés de demora:

En todos los contratos celebrados por la Administración local, se especificará el abono por mora del tipo legal de interés de demora fijado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Es decir,  la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate, más ocho puntos porcentuales. Lo que se abonará de oficio.

Indemnización por costes de cobro

En cumplimiento de la normativa aplicable, la Administración local indemnizará por los costes de cobro. Cuando el deudor incurra en mora, en todo caso abonará al acreedor una cantidad fija de 40 euros más la indemnización a la que tiene derecho el acreedor por todos los gastos, superiores a dicha cifra, en que incurra para cobrar la deuda (por ejemplo, gastos de asesoramiento legal).

Otra opción factible para poder bajar la presión fiscal a los ciudadanos en el municipio de Los Barrios, es la recuperación la tasa de inertes a las grandes empresas que contaminan. Actualmente el Ayuntamiento de Los Barrios no ingresa nada por esta tasa, a pesar de que ello se venía haciendo en anteriores legislaturas, lo que supone un claro perjuicio para las arcas municipales y para la degradación del medio ambiente en el término municipal, dados los vertidos que vienen depositando Acerinox u otras empresas.

Nos planteamos la reducción de impuestos a empresas que favorezcan la contratación laboral en el municipio. Es necesario fomentar políticas activas de empleo para disminuir la tasa de paro.

EN MATERIA DE EMPLEO:

UPyD tiene como objetivo primordial la inserción en el mercado de trabajo de todos los ciudadanos y en especial a los jóvenes de Los Barrios, colaborando con las Administración estatal y autonómica en la creación de más empleo y de mayor calidad. Desde esta perspectiva, el Ayuntamiento goza de una herramienta fundamental para reducir las tasas de paro y mejorar la calidad del empleo, a través de políticas activas de empleo, entre las que UPyD propone:

ü  Ofertaremos empleo de calidad poniendo en valor la cultura y los recursos naturales del municipio.

ü  Fomentaremos el cooperativismo y la creación de una marca de calidad de los productos autóctonos.

ü  Eliminación de tasas burocráticas para autónomos.

ü  Estudio de la posibilidad de creación de: Talleres de Empleo y Escuelas Taller.

ü  Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y la conciliación de la vida familiar y personal, concibiéndolo como mérito en materia de concurso y contratación pública con empresas privadas.

ü  Fomentar la economía social, mediante becas y convenios con empresas para el desarrollo de acciones formativas con posibilidad de contratación.

ü  Incentivar el autoempleo y el emprendimiento.

ü  Crear viveros de empresas en zonas industriales de la ciudad.

ü  Rehabilitar según las posibilidades el polígono industrial actual.

ü  Posibilitar la cesión de suelo en los nuevos desarrollos industriales a pymes con proyectos de creación de empleo, por periodos renovables en función de cumplimientos de contratación.

ü  Potenciar la Agencia Local de Empleo y Formación, siendo sus recursos gestionados desde la concejalía correspondiente, para que esté sometida al control de la Administración.

ü  Urgir a los Gobiernos central y autonómico a elaborar medidas fiscales de apoyo que favorezcan el desarrollo de microempresas y PYMES innovadoras de ámbito municipal.

ü  Promover iniciativas locales para atraer inversiones, nuevas empresas y actividades económicas.

ü  Apoyar a los jóvenes en proyectos e iniciativas de intercambios en el espacio de la Unión Europea, tanto para formarse como para trabajar o para disfrutar el ocio. (Trabajo y Ocio).

ü  Promocionar y apoyar a jóvenes talentos mediante nuevas modalidades de certámenes de jóvenes creadores y artistas.

ü  Fomentar la economía social, y convenios con empresas para el desarrollo de acciones formativas dentro de esas empresas. (Aprendices o becarios).

El objetivo principal de UPyD Los Barrios es apoyar políticas activas de empleo que generen puestos de trabajo estables y de calidad, en aras de garantizar un futuro a los ciudadanos de Los Barrios y sus barriadas. Otros partidos prometen un número determinado de puestos de trabajo con el fin de arrancar un puñado de votos de la gente indecisa o necesitada, sin embargo desde UPyD Los Barrios somos más serios en estas cuestiones, tenemos bastante claro que no tenemos necesidad de engañar a los barreños. Es obvio que se crearán puestos de trabajo si se llevan a cabo políticas de empleo eficaces en vez de despilfarrar el dinero en cuestiones innecesarias (publicidad y propaganda, personal de confianza, tarjeta de alcaldía, etc.). Es fundamental eliminar los gastos superfluos y elaborar un plan de disposición de fondos que regule las prioridades en los gastos de la administración.

La Ciudad

Vivienda y Urbanismo

Es preciso abordar una mayor eficacia de sistemas de gestión y de disciplina urbanística, especialmente en materia de control y fiscalización, asumiendo el compromiso de no utilizar el urbanismo como vía esencial de financiación de nuestro municipio.

Para ello UPyD se compromete a promover un impulso definitivo, a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, adaptado a las necesidades de Los Barrios, bajo la óptica de atender las necesidades de crecimiento y armonización de usos del territorio desde el máximo respeto a la conservación de sus valores y a la protección del suelo no urbanizable.

Para ello es necesario considerar en todos los instrumentos de planeamiento el concepto de "capacidad de carga del territorio" y las necesidades sociales en materia de vivienda para limitar la clasificación del suelo urbanizable, evitando nuevos desarrollos incompatibles con las infraestructuras existentes.

Por ello, UPyD propone:

Planeamiento, modelo de ciudad y disciplina urbanística

Considerar como eje de la actividad urbanística y residencial municipal, la transformación del interior de la ciudad frente a la creación de nuevos desarrollos residenciales.

Promover una política intensiva de regeneración de los barrios periféricos degradados, cuyo objeto comprenderá la rehabilitación del parque de viviendas, así como la mejora del espacio urbano, en ambos casos con los máximos niveles de eficiencia energética.

Promover la mezcla de usos y densidades suficientes para acercar los equipamientos, los comercios y los puestos de trabajo a los habitantes, favoreciendo los desplazamientos cortos a pie y la interrelación entre los vecinos, reservando las plantas bajas de la edificación para usos comerciales, administrativos, artesanales, de reunión y uso colectivo, etc. Así como los espacios intermedios para implantar en ellos áreas de juegos, deportivas, infantiles, etc.

Dar una solución factible a las zonas de “cerro Marcelo, Benharas, vega del Moral, vega del Ringo-Rango” que se ajuste a derecho equilibrando los intereses del municipio con los derechos de los habitantes de las zonas afectadas.

Promover un modelo de ciudad "policéntrico", con tipologías edificatorias residenciales respetuosas con el medio ambiente, el entorno urbano y la tradición histórica.

Proponer actuaciones para la mejora de la conservación del Patrimonio, ya sea histórico, edificado o paisajístico, no promoviendo la descatalogación de elementos protegidos  por ninguna causa.

Desarrollar el Plan Integral Industrial de Los Barrios, facilitando la implantación de nuevas empresas, especialmente industria de alta cualificación, en el suelo destinado al efecto y reservado previamente en el PGOU 05 de Mayo de 2008 (publicado en el BOJA 131, de 3 de julio de 2008).

Facilitar el desarrollo de infraestructuras complementarias para el desarrollo del tejido industrial y sector terciario en el municipio vía PGOU, así como actuaciones en sectores concretos (turismo, deportes, etc.) con nuevas infraestructuras.

Incrementar la participación pública y las medidas de acceso a la información urbanística:

·         Publicando todos los documentos urbanísticos completos en la páginas web municipal, de forma accesible y manejable por el ciudadano.

·         Haciendo posible que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popular vinculante sobre los proyectos importantes (por ejemplo: el de la transnacional Vittol), usando para ello el mecanismo de la consulta popular facultativa recogida en la actual Ley de Bases de Régimen Local.

·         Garantizando un trámite de información pública, así como su máxima difusión y efectividad, previo a la formalización de convenios urbanísticos. Estos deberán incorporar un estudio económico-financiero en el que se evalúen las plusvalías a generar, así como las formas y plazos en que el ayuntamiento participará de dichas plusvalías.

Colaborar activamente con la Agencia Tributaria en el control estricto, sistemático y reglado del planeamiento urbanístico y su desarrollo, con el fin de favorecer su capacidad de lucha contra el fraude inmobiliario y la corrupción.

Limitar los convenios de planeamiento con particulares a aquellos que muestren un importante interés general para Los Barrios, restringiendo especialmente los que tengan por objeto establecer cesiones urbanísticas y de los que pretendan sustituir las cesiones urbanísticas preceptivas por su equivalente en dinero.

Garantizar que las plusvalías derivadas de los procesos urbanísticos quedan en manos públicas.

Prohibir la venta de estos aprovechamientos urbanísticos y establecer la obligación de dedicarlos a la promoción de vivienda pública o fines equivalentes.

Reformar de la normativa municipal del Ayuntamiento de Los Barrios para devolver al Secretario y el Interventor sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales, recuperando la figura tradicional de la advertencia de ilegalidad que correspondía al Secretario y al Interventor en sus esferas de actuación y recuperar el efecto paralizador del expediente relativo al gasto, si la fiscalización previa de legalidad es negativa.

Vivienda

Todas las políticas en materia de vivienda deben tener como punto de partida el mandato constitucional enunciado en el artículo 47 de la CE, que exige a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Este cambio de orientación de las políticas de vivienda hace necesaria una nueva concepción de los planes de vivienda.

En Los Barrios existen familias sin viviendas y familias que están en riesgo inminente de perder la que tienen.

Desde UPyD nos comprometemos a promover la adquisición de vivienda pública para aquellas personas, particularmente en situación de riesgo de exclusión social, que sean desahuciadas mientras no se produzca una modificación legal de la Ley Hipotecaria.

Asimismo hay que apostar decididamente por políticas de apoyo a la vivienda de alquiler, útiles para dar salida al stock de vivienda acumulada y para mejorar los ingresos de los pequeños propietarios, facilitando también la movilidad laboral.

Por todo ello, UPyD propone:

Promover un convenio de colaboración con asociaciones que tengan el objeto social de ofrecer asesoramiento jurídico sobre casos de cláusulas suelos y ejecuciones hipotecarias.

Desarrollo de un programa de vivienda joven especialmente destinado a este colectivo al objeto de que pueda acceder a la vivienda mediante alquiler gracias a convenios entre el ayuntamiento y los propietarios, asumiendo él primero las garantías y riesgos que faciliten la puesta en el mercado de las viviendas vacías existentes.

Reorientar las Viviendas de Protección Oficial exclusivamente al mercado de alquiler, fomentando el acceso a la vivienda en alquiler y el incremento del parque público y privado de este tipo de viviendas.

Estimulo fiscal mediante reducción de las licencias de obras y otras tasas a los promotores privados y a las gestoras de cooperativas para que desarrollen viviendas protegidas de promoción privada en régimen de alquiler.

Incrementar el patrimonio público del suelo, adscribiendo a la empresa municipal de vivienda (estudiar viabilidad para su creación o bien gestión directa por parte del Ayuntamiento) el suelo que se obtenga por vía de las cesiones legales o por adquisición directa, debiendo destinarse el mismo con carácter obligatorio a la construcción de viviendas en alquiler sometidas a algún régimen de protección.

Incrementar al máximo de la transparencia y el control periódico en las adjudicaciones de vivienda sometida a algún régimen de protección o provenientes de enajenaciones del patrimonio público del suelo.

Promover la rehabilitación de viviendas a escala urbana con una perspectiva integral, priorizando la eficiencia energética y la habitabilidad, y que no se circunscriba al centro histórico.

Medio Ambiente

La mejora de la calidad ambiental, además de mediante el fomento de prácticas sostenibles desde la educación y la concienciación ciudadana, debe pasar por dos puntos: incentivar las actuaciones por encima de los requisitos legales y sancionar estrictamente su incumplimiento.

Eficiencia energética

Imponer el uso de energías renovables en la edificación pública municipal y fomento en las privadas tanto en la de nueva planta como en el parque construido, según criterios de eficiencia, mínimo consumo y ahorro energético. En todos ellos, con la excepción de los bienes de interés cultural (BIC), implantarán sistemas de captación de energía solar.

Establecer de un plan de ahorro energético en la administración local, con especial dedicación a los edificios públicos gestionados por el propio Ayuntamiento.

Implicar al Ayuntamiento de Los Barrios de forma clara y expresa en la implantación de nuevas tecnologías que permitan la generación de energía por los vecinos del pueblo para su propio consumo, facilitando, con su información y fomento las actuaciones posibles y promover la financiación de las inversiones necesarias para satisfacer el costo de los proyectos que las justifiquen de forma suficiente, transparente y eficaz, las obras correspondientes.

Confeccionar un plan integral de mejora de alumbrado público, tanto en eficacia como en eficiencia energética, que incluya la instalación de placas solares para la producción de energía eléctrica en todas las instalaciones nuevas, así como la actualización progresiva de las actuales instalaciones.

Combatir la contaminación lumínica en el medio urbano, mediante los reglamentos y ordenanzas necesarios, evitando el derroche energético que provoca una iluminación mal dirigida, mal colocada o excesivamente intensa.

Adaptar el alumbrado urbano a las necesidades reales, de modo que este tenga mayor o menor intensidad en función del momento del día. Asimismo, se limitará el uso de rótulos comerciales con elevados niveles de contaminación lumínica.

Llevar a cabo todas las gestiones necesarias con la empresa distribuidora de electricidad en el municipio, la reubicación de transformadores en portales y espacios públicos que conlleven peligro.

Espacios públicos y mantenimiento urbano

Elaborar un plan integral de mantenimiento y mobiliario urbano, de pavimento y acerado con un cronograma público previamente comunicado a los vecinos.

Mejorar la limpieza viaria que merma la calidad de vida de los vecinos y da mala imagen a los visitantes, tanto en el centro como en los barrios periféricos, prestando especial atención a la suciedad en los parques y jardines y las pintadas, mediante el replanteamiento de los servicios de limpieza viaria, estudio de necesidades y optimización de recursos, así como el incremento de la inspección en la prestación del servicio.

Realizar una planificación y gestión de las áreas de juegos infantiles según las recomendaciones de la Unión Europea, priorizando aquellas áreas de gran calado que abarquen todos los tramos de edad y actividades, con cumplimiento estricto de la Normativa de Seguridad para este tipo de elementos.

Acondicionar espacios urbanos para diferentes prácticas de deporte, prestando especial atención a las actividades deportivas en la calle y las jornadas de fomento del deporte y el ejercicio, teniendo en cuenta a colectivos menos habituados al deporte, como discapacitados.

Diseñar un plan integral de arbolado y ajardinamiento, con especies adaptadas a cada tipo de entorno y espacio.

Aumentar la superficie de zonas verdes hasta alcanzar la proporción por habitante recomendada por la Unión Europea de 15 m² por habitante, estableciendo espacios verdes que vertebren nuestro municipio, conectando el centro de las mismas con las áreas naturales circundantes.

Instalar sistemas y elementos (zonas de sombra, cubrimientos, etc.), que hagan más agradables enclaves comerciales y lúdicos (Parque Betty Molesworth, Paseo de la Constitución, Parque de las Cigüeñas, Parque del Lazareto, Plaza del Mar, etc.) con el fin de promover el comercio y el paseo en época estival.

Crear parques urbanos para perros, vallados para que puedan prescindir del correaje y correr en libertad.

Animales

Prohibir la eutanasia de perros y gatos vagabundos sanos de las perreras municipales, limitando el sacrificio a razones veterinarias cuando los animales por su mal estado de salud deben ser sacrificados.

Facilitar que el servicio municipal de recogida de animales abandonados pase a ser gestionado por asociaciones animalistas, manteniendo el Ayuntamiento sus competencias en materia zoosanitaria y licencias.

Llevar a cabo un programa de castración y el seguimiento de las colonias de gatos y perros abandonados en el municipio para controlar su número y las posibles enfermedades.

Llevar a cabo un control efectivo de la población de palomas, así como de desratización y desinsectación de espacios públicos.

La creación de un censo canino por ADN, con el objeto de reducir el problema de excrementos depositados en la vía pública

Ruidos

Aplicar máxima exigencia en la vigilancia y control del cumplimiento de la Ordenanza de Ruidos.

Creación de un número de teléfono gratuito directo para que de manera anónima y sin más burocracia, cualquier ciudadano pueda denunciar incumplimiento de las Ordenanzas de Ruido.

Residuos

Realizar una gestión integral de los residuos eficaz, fomentando la clasificación y el reciclaje, y persiguiendo escombreras y vertederos ilegales y recuperando los espacios degradados urbanos o periurbanos.

Promover un mayor uso de los puntos limpios, mediante campañas de comunicación, e incentivando especialmente su uso por particulares.

Mejorar la dotación de equipamiento público para la gestión de residuos: contenedores selectivos, papeleras, ceniceros 

Endurecer las sanciones, incrementar la policía y control y dar un tratamiento estricto al cumplimiento de las Ordenanzas Municipales en materia de limpieza de la vía pública y conservación del mobiliario urbano, mediante una política de tolerancia cero, es decir haciendo un uso radical de las medidas sancionadoras previstas ante los comportamientos incívicos: eliminación de residuos en la vía pública, pintadas, destrozo de mobiliario urbano y jardines…

Adecuación de la colocación de los contenedores de reciclaje en función de las actividades empresariales desarrolladas en cada zona del municipio.

Colaborar en la mejora del servicio de la industria del reciclaje adaptada a las necesidades de gestión de las empresas presentes en los polígonos industriales de Los Barrios.

Agua

UPyD considera el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua como público y vinculado a los derechos humanos, en línea con la declaración de Naciones Unidas y con la primera iniciativa ciudadana promovida en la UE, fuera de la lógica del mercado y ajeno a criterios y prioridades de negocio privado. Defendemos un modelo de gestión pública del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socioecológica respete los derechos de los ciudadanos como servicio de interés general. Por tanto UPyD apuesta por la gestión pública del servicio del ciclo urbano municipal del agua en Los Barrios.

En relación con todo lo anterior, UPyD propone:

Iniciar el proceso de remunicipalización del servicio de agua en Los Barrios mediante el rescate de la concesión en los términos previstos y cuando esto no sea viable iniciar un seguimiento exhaustivo y riguroso de todos los términos del convenio al objeto de poder llegado el caso denunciar su incumplimiento y actuar jurídicamente.

Prohibir los cortes a familias, asegurando un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado.

Garantizar tarifas sostenibles, asegurando que el dinero del agua se reinvierta solo en este ámbito, en mejora de las infraestructuras.

Aumentar el control social sobre los recursos, el respeto al medio ambiente, que la gestión del suministro también sea un elemento de creación de empleo.

Optimizar la calidad del agua de grifo.

Asegurar la limpieza anual de las conducciones y aliviaderos de pluviales, habilitando las taponadas para evitar inundaciones.

Espacios protegidos

Impulsar las actividades económicas tradicionales y compatibles con el estatus de protección y conservación del Parque Natural de Los Alcornocales: silvicultura, apicultura, helicultura, ganadería extensiva, aprovechamiento micológico,  actividad salinera, acuicultura, nuevos productos naturales (fitoplacton, macroalgas, salicornia, etc.), turismo ornitológico, turismo pesquero, cultural, etnográfico, deportivo,  etc.

Apoyar a los sectores tradicionales existentes y de nueva creación en el Parque Natural de Los Alcornocales, apostando por iniciativas conducentes a la mejora de las condiciones de comercialización de los productos, en el marco de una gestión sostenible de los mismos, siempre en colaboración con la  Junta de Andalucía.

Promoción de la recuperación y puesta en valor de los bienes etnográficos (molinos, cortijos, casas rurales…), como elementos de una red de equipamientos públicos multiusos, compatibles con los planes de gestión y ordenación de usos del Parque Natural.

Mantenimiento de la red de carriles y senderos peatonales y para bicicletas en el Parque Natural de Los Alcornocales.

Impulsar la creación de una denominación de Origen Protegida del Parque Natural de Los Alcornocales en colaboración con la Junta de Andalucía, y las asociaciones empresariales sectoriales como marca de calidad para los productos tradicionales producidos en el Parque.

Promoción de los productos turísticos del Parque Natural de Los Alcornocales en colaboración con la Junta de Andalucía, y las asociaciones empresariales sectoriales.

El Ciudadano

Servicios Sociales

Los Ayuntamientos tienen asignada por ley la competencia de la atención social primaria. Desde el convencimiento de que la razón de ser de los Servicios Sociales municipales es garantizar el bienestar de todos los vecinos con independencia de sus características sectoriales, dando cobertura y respuesta a las necesidades de la población, manifestamos nuestro compromiso de facilitar a todos el acceso a cuantos recursos y prestaciones tengan derecho.

UPyD trabajará por que los Servicios Sociales del Ayuntamiento sean próximos al ciudadano, eficaces y de calidad, orientados a la protección y promoción social de las personas y de su medio socio familiar, a través del desarrollo de programas y apoyos que favorezcan la participación y la integración de grupos y personas para paliar las deficiencias económicas, educativas, sociales, formativas. Asimismo, abogamos por mejorar el bienestar, la integración personal, las limitaciones de autonomía y prevenir situaciones de desigualdad y marginación. El El Bienestar Social en nuestro municipio se construye promoviendo la reinserción social e implementando la detección y evaluación de necesidades y demandas en los distintos ámbitos, familia, menores, violencia, conciliación, discapacidad, dependencia e integración intercultural.

Por ello, UPyD propone:

Bienestar Social

Exigir al gobierno de la Junta de Andalucía la adecuada financiación de los servicios prestados a través competencias impropias para poder cubrir y atender las necesidades reales de los vecinos.

Acelerar y recortar las demoras en las resoluciones relativas a Ley de Dependencia, lo cual implica un agravio en los casos tratados e impidiendo de la autonomía personal que estas ayudas persiguen para con nuestros vecinos.

Aumentar las medidas de urgencia social, promoviendo la creación de “Bonos Sociales” desde el Ayuntamiento que palien los daños y carencias que numerosas familias sufren en nuestra ciudad. Estos “Bonos Sociales” deberán desarrollarse con fines a cubrir urgencias sociales inminentes en materia energética, alimentaria o sanitaria.

Apoyar a las entidades sin ánimo de lucro que luchen desde la legalidad por los intereses de los vecinos en condiciones de urgencia en materia energética, alimentaria, sanitaria o de vivienda, que se han visto sometidas a crecientes recortes presupuestarios y escasa ayuda económica.

Familia

Priorizar, a través de los servicios sociales destinados a la Familia, las actuaciones en favor de las familias monoparentales que se encuentren en situación de desamparo o dificultades sociales y económicas evitando la merma que pudiera ocasionarse en las posibilidades de desarrollo de sus capacidades y oportunidades, en especial, de los menores.

Promover acciones de formación y de inserción dirigidas a familias en situación de riesgo, con conflictos internos, falta de apego o ajustes defectuosos. Por ello, desde los centros cívicos e instalaciones municipales de los barrios y distritos impulsaremos la creación de escuelas de padres, jornadas en familia, acciones sociales y educativas y jornadas de mediación familiar.

Infancia

Las cifras de pobreza infantil en nuestro país son escandalosas: con 3,5 millones de niños en situación de pobreza o exclusión, España ocupa un lugar indigno en el furgón de cola de la Unión Europea. Suele decirse que con los niños nos jugamos nuestro futuro. Esto es cierto como sociedad. Pero los niños son individuos con derechos reconocidos por la ONU y por la Constitución. No son humanos en acto, no en potencia. Son personas aquí y ahora. La sociedad debe pensar en su futuro, pero antes en el presente de todos los que la componen. Los niños pobres o excluidos ven vulnerados sus derechos. Para su desgracia, ellos no tienen la capacidad de exigirlos, así que nos toca a los adultos hacerlo por ellos. Por su presente y por nuestro futuro, debemos convertir la pobreza infantil en el tema central del debate político en España.

Por ello, UPyD propondrá un plan de lucha contra la pobreza infantil en todos los espectros sociales que afecten a nuestros menores, especialmente la alimentación, la educación la salud y el juego. Desde el Ayuntamiento hay que desarrollar una estrategia de actuación que proteja a los menores en situación de pobreza y asegure que sus necesidades básicas son detectadas y combatidas desde el Ayuntamiento.

Este plan de lucha contra la pobreza infantil promoverá  una mayor atención a los menores mediante una completa y eficaz información y orientación socio-educativa. Asimismo, obligará a fomentar la cooperación en la gestión de los recursos para el apoyo del proceso escolar y educativo de menores, especialmente para quienes se encuentre en situaciones de riesgo o exclusión social.

Igualdad

En materia de Igualdad, apelamos a poner en valor el art. 9.2 de nuestra Constitución en tanto que es a los poderes públicos a quien corresponde remover las barreras que impidan el ejercicio de las libertades así como promover una igualdad real y efectiva de los ciudadanos. Esta premisa contrasta con la situación de desigualdad que aún detectamos en las ciudadanas de nuestros municipios, víctimas de violencia machista o doméstica así como de discriminación sexista. Más allá de las propuestas que integran el actual programa en materia de Igualdad de sexos, desde la perspectiva social proponemos celebrar la Semana de la Mujer, que integre actividades culturales, laborales, académicas y sociales en torno a la Mujer como vecina y ciudadana de nuestra sociedad, que promueva los valores de igualdad y prevenga la violencia y la discriminación. Sólo con la visibilización y la educación podremos combatir esta injusticia social. Por ello que haya que potenciar la presencia de la Mujer en el Ayuntamiento, en sus actividades y en la vida pública de la ciudad.

Vecinos y vecinas con discapacidad

En UPyD defendemos que la integración de las personas discapacitadas en todas las esferas de la vida pública no es sólo un deber ético. El conjunto de las personas discapacitadas posee un valor añadido de riqueza, diversidad y pluralidad del que nuestra sociedad no puede prescindir. Apostaremos decididamente por políticas de integración y de desarrollo de la autonomía personal.

Hay que integrar la figura del intérprete de lengua de signos española (LSE), así como adaptar al sistema braille los indicadores informativos, en el Ayuntamiento y en los servicios sociales e instalaciones municipales, asegurando la igualdad de acceso a servicios y de oportunidades a nuestros vecinos con necesidades especiales. Asimismo, los sitios web municipales deben adaptarse a los vecinos con discapacidad sensorial asegurando el acceso a la información.

Proponemos la elaboración e implantación de un Plan Estratégico de Atención Integral a familias con miembros dependientes, que amplíe y mejore lo dispuesto en las leyes estatales y en las propias normas autonómicas.

Detectamos la necesidad de elaborar un Plan Estratégico de Accesibilidad que elimine cuantas barreras arquitectónicas en vías y edificios públicos existen y supervise la urbanización de los nuevos barrios y nuevas zonas del municipio desde la perspectiva de la accesibilidad. Este Plan Estratégico deberá priorizar la formación especializada y continua de los profesionales del Ayuntamiento de Los Barrios que intervienen en el diseño, gestión y puesta en marcha de las actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre sobre las características y sistemas de accesibilidad de las personas con discapacidad.

Promover el acceso a una vivienda digna y adaptada a las necesidades de todos los discapacitados.

Vecinos y vecinas inmigrantes

En lo que concierne a los vecinos inmigrantes en nuestro municipio, consideramos que deben gozar de la misma igualdad de derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos dentro del cumplimiento de la legislación vigente y apostando por una integración social integral. Según las competencias transferidas, el gobierno local tiene la obligación de la ejecución de las políticas de inmigración a través de la acreditación del arraigo para la integración social de inmigrantes, así como la acreditación de la adecuación de la vivienda para el reagrupapiento familiar de inmigrantes.

Conseguir la integración social de los inmigrantes de nuestro municipio debe ser un proceso bidireccional en el que necesariamente se involucren tanto la Administración local como los propios inmigrantes, sentando las bases de una convivencia que sepa aprovechar la riqueza en la suma de toda la diversidad que nos aporta la llegada de nuevos vecinos y vecinas.

La Villa de Los Barrios se caracteriza por una ciudadanía cada vez más diversa en lo social, cultural y étnico. Por ello, en tanto que todos estos valores forman parte ya de nuestra sociedad de vecinos, nos esforzaremos en combatir cualquier tipo de discriminación sobre los vecinos inmigrantes que afecte a su integridad y honor así como a la buena convivencia que desde el Ayuntamiento se debe promover.

Fomentaremos la creación de redes de apoyo social a inmigrantes que promuevan la sensibilización social contra el racismo y la xenofobia. En especial, trabajar por la integración escolar de menores inmigrantes y de sus familias en el proceso educativo en coordinación con la Junta de Andalucía.

Favoreceremos el apoyo técnico desde el Ayuntamiento, los centros cívicos y las instalaciones municipales para la consolidación del movimiento asociativo de inmigrantes mediante mesas de trabajo, espacios de participación ciudadana e impulso de las actividades en materia de inmigración e interculturalidad.

Educación y Juventud

Educación desde el municipio

Conscientes de que la competencia en Educación corresponde al Estado y a la Comunidad Autónoma, reconocemos que los Ayuntamientos realizan una importante función en el desarrollo de la misma, prestando una asistencia relevante en diversos ámbitos educativos y aprovechando su mayor proximidad a los ciudadanos. Sin embargo, el desarrollo de medidas y acciones en materia de educación por parte de los Ayuntamientos, con frecuencia, depende de las oportunas subvenciones proporcionadas por las Administraciones educativas.

Desde UPyD consideramos que los Ayuntamientos deben recibir un importante impulso político y presupuestario en el proceso de descentralización de la gestión de la Educación, para poder prestar el servicio público educativo, de forma eficaz y adecuada a las necesidades y demandas de los vecinos. Reivindicamos que la competencia en materia de Educación sea estatal, aunque no por ello negamos una gestión de recursos descentralizada y desconcentrada.

Dos de los principales objetivos que el Ayuntamiento debe combatir son el aumento del absentismo y el fracaso escolar. Estos indicadores reflejan la exclusión social y el desamparo al que se encuentran expuestos niños y jóvenes así como implica poca participación en sus centros escolares.

Uno de los principales objetivos a los que el Ayuntamiento de Los Barrios debe aspirar desde la Educación es la igualdad de oportunidades mediante el fortalecimiento de la red pública de la Educación infantil, primaria y secundaria. Resulta incuestionable apoyar a los menores con necesidades educativas especiales siguiendo un modelo flexible que se adecue a éstas, adoptando como opción preferente su integración en los centros y grupos de los que formen parte. Asimismo, desde el consistorio se debe reducir la brecha digital, facilitando el acceso en condiciones de igualdad a las nuevas tecnologías.

Por todo ello, UPyD propone:

Una gestión más transparente, participativa y efectiva de la cesión de suelo municipal para satisfacer la construcción de nuevos centros de educación infantil y primaria e institutos de educación secundaria en aquellos barrios o distritos donde se precisa de una mayor inversión en infraestructuras.

Procuraremos dotar de mejores instalaciones deportivas, culturales y lúdicas a los centros de educación infantil y primaria así como a los institutos de educación secundaria que así lo precisen por la antigüedad de sus instalaciones.

Optimizar el cumplimiento de las obligaciones municipales de reparación, mantenimiento, limpieza y vigilancia de los centros públicos de los niveles obligatorios de la educación.

Elaborar un plan director de Educación en Igualdad que fomente los valores cívicos, eduque en la igualdad de mujeres y hombres, en la igualdad de oportunidades, luche contra la LGTBIfobia y denuncie y prevenga la violencia machista o doméstica.

Vecinos y vecinas jóvenes

Asimismo, UPyD considera que los jóvenes somos y son protagonistas de los cambios y políticas que afectan y benefician a nuestra sociedad. Como partido nunca hemos creído en las juventudes políticas, pues la participación de los jóvenes ha sido efectiva desde un primer momento en igualdad de condiciones a los adultos. El derecho a sufragio pasivo y activo así lo evidencian. Desde el Ayuntamiento se debe promover la participación de los jóvenes en los problemas y necesidades del municipio así como también en sus deberes y responsabilidades como ciudadanos.

Desde el Ayuntamiento, UPyD promoverá:

Fomentar la igualdad de oportunidades y no discriminación entre la juventud a través de los institutos de educación secundaria, impulsando los valores basados en el respeto a la diferencia y la convivencia, en la lucha contra el racismo y el sexismo. Promoviendo campañas de lucha contra la violencia machista y doméstica, contra la drogadicción, a favor de la salud y orientación sexual, de la alimentación saludable y el ejercicio físico y de la integración social.

Facilitar su participación en la vida social, económica y cultural del Municipio, favoreciendo la autonomía personal y la inserción social de la juventud.

El acceso a la vivienda, propiciando la emancipación de la población juvenil a través de iniciativas que mejoren el empleo así como de programas de alquiler específicos, incluyendo subvenciones, creación un parque permanente de viviendas públicas en alquiler para la promoción de suelos públicos, incluidos los de uso estatal y titularidad privada. En este sentido, apoyaremos las cooperativas de viviendas para jóvenes.

El acceso al empleo y su mejora, rehuyendo de la precariedad y temporalidad, por medio de la puesta en común y en valor de la  red de viveros o incubadoras, etc., existentes y de nueva creación, así como el desarrollo de planes de formación especializada y sectorial durante el período de desempleo.

El acceso al transporte público a través de bonos jóvenes que se adecuen a las necesidades de la juventud y sean de uso real y efectivo para su movilidad urbana en su jornada diaria.

Seguridad

UPyD destaca y valora la labor llevada a cabo por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad indistintamente su nivel de actuación o competencia. Por ello, trabajaremos siempre por el reconocimiento público de su trabajo.

Desde la perspectiva municipal, apostaremos por la calidad del servicio de Policía Local adaptando el número de agentes a la población de la ciudad en relación con los distritos/barrios, potenciando su formación continua y mejorando la coordinación con el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado. Dotar a los Agentes de la Policía Local de los recursos materiales necesarios para garantizar las demandas de los ciudadanos.

Se reforzará el presupuesto, material y estrategia de nuestra Policía Local en la lucha contra la violencia machista y doméstica, lacra de nuestra sociedad contra la que el Ayuntamiento debe liderar su lucha desde los efectivos y agentes públicos.

Igualmente, fomentaremos la labor de los servicios sociales municipales hacia a las mujeres que se encuentren en situación de explotación sexual, incrementando de forma paralela la colaboración, con el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado, en la persecución de las redes de prostitución y sancionando cualquier tipo de conducta o acto que menoscabe la dignidad e integridad física o moral de las mujeres.

Se articulará un sistema de protección específico para las principales zonas verdes, parques públicos y jardines de la ciudad.

Se impulsará el diseño de un plan director de protección del turista que evite la estafa o engaño de los visitantes de nuestra ciudad, protegiéndoles en entornos de afluencia como las zonas monumentales, patrimoniales o comerciales.

Movilidad Urbana

Nuestro concepto de movilidad urbana gira en torno a la posibilidad de desplazarse por nuestra ciudad de manera accesible y rápida ocasionando el mínimo impacto medioambiental. En relación con esto, proponemos un modelo de movilidad urbana sostenible que beneficie progresivamente el uso del transporte público, reduzca el uso del vehículo y de desplazamientos, que propicie el desarrollo de planes de transporte de empresas y reduzca las tarifas en hora punta.

Apoyamos el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano y otorgamos prioridad absoluta al peatón en el diseño del espacio público. Nuestro partido aboga por la implementación y correcto mantenimiento de los carriles-bici urbanos siempre y cuando éstas respondan a criterios de eficacia, ahorro de tiempo de trayecto, viabilidad presupuestaria e interconexión entre los diferentes carriles. En relación con esto, impulsaremos el establecimiento de estacionamientos en diferentes puntos del municipio.

Propondremos revisar periódicamente la flota de transporte público de nuestra ciudad con miras a conocer el grado de compromiso medioambiental de la entidad gestora.

En tanto que la movilidad es de todos y para todos los ciudadanos, la vía pública peatonal debe adaptarse en sus cruces y salidas de garajes a las necesidades de personas discapacitadas. Por ello, resulta primordial y urgente iniciar analizar exhaustivamente la remodelación de todas las barreras arquitectónicas que puedan excluir de la movilidad a ciudadanos con discapacidad.

Desde UPyD proponemos:

Promover el transporte urbano colectivo no contaminante y el uso de la bicicleta, dando prioridad absoluta del peatón en el diseño del espacio público.

La red de transporte público debe ser alternativa verdadera al transporte privado, y solucionar la cobertura necesaria de todo el término municipal de Los Barrios. Para ello, y siempre teniendo en cuenta la viabilidad económica, es necesario reestructurar líneas y frecuencias de autobús, mejorando el servicio en barriadas y núcleos de población alejados del casco urbano, así como a centros de trabajo y estudio.

Impulsar en Plan Director de la Bicicleta en Los Barrios para desarrollar una serie de actuaciones que permitan contar con la bicicleta como un servicio de transporte más, que tenga en cuenta sus peculiaridades y proteja a sus usuarios, contemplando la creación de carriles bici segregados en contraposición a las "ciclocalles".

Desarrollar planes de peatonalización realistas y prácticos, para ganar espacio para los ciudadanos, y que en ningún caso dificulten el acceso del ciudadano a las vías concretas a peatonalizar, acompañando dichos planes inevitablemente de una dotación de transporte público para garantizar la accesibilidad a dichas zonas.

Prever las necesidades de espacio para aparcamiento y la circulación de automóviles sin que ello sea el condicionante principal del diseño urbano. Impulsaremos la modificación de aparcamientos el centro histórico (Plaza de la Iglesia), para ponerlos a disposición de los ciudadanos, evitando la exclusividad para Concejales y Alcalde.

Revisar a fondo la ordenanza reguladora del aparcamiento en superficie. Aun admitiendo su utilidad para aliviar el tráfico urbano y facilitar el aparcamiento a los clientes del comercio local, la ordenanza debe conciliar estos aspectos con los derechos de los residentes y de los vecinos de los barrios periféricos, para convertirse en una herramienta útil al interés común, y no meramente recaudatoria.

Para alcanzar una disminución significativa de la contaminación atmosférica y acústica del municipio de Los Barrios, es necesario adoptar medidas graduales tendentes a reducir (disuadir) el tráfico privado en el centro urbano ampliando las áreas peatonales, modular el impuesto de vehículos con el elemento volumen…

Servicios Digitales de Información

Las acciones enmarcadas en este área pretenden dar un impulso al desarrollo y a la implantación de la Sociedad de la Información en nuestros ayuntamientos para mejorar la prestación de los servicios públicos electrónicos destinados al ciudadano y las empresas mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

El modelo de relación del ciudadano y la administración ahora mismo ha de ser revisado desde la óptica de:

• La universalización de Internet.
• Ll fenómeno de las redes sociales y la web 2.0.
• La demanda de información abierta y administración transparente: open-government y open-data.
• El momento de la administración electrónica y la Agenda Digital de Europa.

El contexto actual es la Agenda Digital Europea y el Plan de Acción sobre Administración Electrónica 2011-2015.

Por ello, el principal objetivo ha de ser conseguir una administración electrónica plenamente desarrollada en el ámbito local, teniendo como  principal objetivo la promoción e implantación de la Sociedad de la Información en Entidades Locales, para ello es necesario:

Llevar a cabo actuaciones de formación y desarrollo de servicios digitales o de soluciones de administración electrónica entre otras.

Avanzar hacia el Pueblo Digital con redes de telecomunicaciones a alta velocidad.

Utilización de los recursos que las administraciones de carácter supramunicipal, regional o nacional ponen a disposición de los Ayuntamientos (por ejemplo el MOAD 2.0  – Modelo de Ayuntamiento Digital -  de la Junta de Andalucia).

Desarrollo e impulso por los Ayuntamientos, en el marco de la Estrategia Europa 2000, del potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), favoreciendo la innovación, el crecimiento económico y el progreso. Esto se traducirá en el compromiso de impulsar la instalación de redes ultrarrápidas y 4G, potenciar la alfabetización mediática en el entorno digital (promoción de la accesibilidad electrónica), favorecer el empleo en el sector de las TIC, etc.

Impulso de la economía digital y colaborativa para que los ciudadanos puedan compartir recursos privados y comunitarios (vehículos, viviendas, ropa, crowdfunding, comida, etc).

Sociedad de vecinos

Arte y Cultura

Consideramos como bien y recurso imprescindible para el municipio el desarrollo de una verdadera política cultural que destaque la diversidad y la creatividad, imprescindibles para la ciencia, la técnica y el propio perfeccionamiento social.

Nuestro partido apuesta por las industrias culturales como motores de desarrollo y crecimiento económico y social, muy especialmente en el ámbito local, en tanto que el pueblo es el foro en el que los ciudadanos pueden acceder con mayor facilidad al Arte y a la Cultura. Resaltamos la necesidad de una política cultural que valore la figura de la industria cultural como fuente generadora de empleo a la par que vinculada indiscutiblemente con otros sectores como el Turismo o la Educación.

UPyD considera que la Cultura es uno de los instrumentos de inclusión y cohesión social más poderosos con los que puede contar un municipio, por lo que promoveremos una política cultural participativa y consciente de las necesidades sociales que nuestra ciudad presente.

Propiciaremos, fomentaremos e impulsaremos relaciones más estrechas y colaborativas entre el Ayuntamiento y las asociaciones y colectivos culturales de nuestra ciudad.

Por ello, UPyD propone:

Una política cultural que desde el punto de vista económico analice la relación gasto-beneficio de las actividades que realiza el Ayuntamiento, tal y como sí existe en otras ciudades europeas. De tal manera que con respecto a gastos elevados en el presupuesto no existen datos reales sobre el retorno que tal actividad ha generado en el ciudadano, o qué impresiones ha dejado en la ciudadanía.

Creemos fundamental que la defensa del eje cultural del municipio debe perseguir los siguientes fines:

·                    Salvaguarda del patrimonio histórico, artístico y documental.

·                    Cercanía en la gestión y desarrollo de las actividades culturales: política de proximidad.

·                    Interacción entre cultura y educación a nivel municipal.

·                    Acceso universal a la cultura.

·                    Promoción de la creación y gestión cultural con políticas de colaboración y consenso.

Es imprescindible defender y salvaguardar el patrimonio histórico, artístico y documental de los (gentilicio). De ahí que sea pertinente realizar una revisión del catálogo de patrimonio protegido: histórico, edificado o paisajístico así como catalogar el patrimonio documental y proceder a su digitalización y acceso de los ciudadanos a través de los archivos y bibliotecas públicas.

En tanto que la actividad cultural en Los Barrios es fundamental como elemento dinamizador del municipio, impulsaremos una vinculación ágil y eficaz con las asociaciones de vecinos, colegios profesionales, universidades, de implantarse en un futuro en Los Barrios, y cualquier miembro de la sociedad civil que pueda servir de asesor y garante para la protección del patrimonio.

El Ayuntamiento debe acercar la Cultura a la ciudadanía a través de los espacios públicos municipales y centros cívicos. Por ello hay que garantizar la cercanía de las instalaciones y actividades culturales a los distritos y barrios, aproximando el acceso de los ciudadanos a la Cultura así como la fomentando la integración social de todos los grupos socioculturales presentes en la Villa de Los Barrios.

Apostamos por mantener la gratuidad en los accesos a los servicios culturales municipales y potenciar el uso vecinal de los centros situados en las Juntas Municipales de Distrito, dotando de contenido aquellos centros que no tengan actividad permanente.

La política cultural del municipio debe integrar proyectos educativos que fomenten los valores cívicos y de convivencia característicos de nuestra sociedad. Para ello, UPyD propone:

Desarrollar y potenciar las escuelas y talleres especializados en diferentes artes como la Música, el Teatro o la Danza para niños y jóvenes.

Promover el acceso universal a la lectura mediante campañas de incentivación a nivel de distritos, utilizando para ello las bibliotecas municipales, destacando en especial el valor cultural que aportan a los barrios. En este sentido, hay que aumentar el espacio destinado a infraestructura bibliotecaria: fondo documental, accesos a internet, ampliación de horarios y salas de lectura o estudio, entre otros.

Asimismo, UPyD considera indispensable estrechar vínculos entre creadores y gestores con representación de todos los sectores implicados, eliminando el clientelismo y la dependencia que suponen las subvenciones, acordando con todos los agentes culturales las que se concedan, apoyando especialmente a las pequeñas asociaciones culturales en su concesión.

Deporte

El deporte es un valor cívico. Desde esta premisa, consideramos la práctica del deporte como una actividad fundamental, tanto para la educación integral y la adquisición valores y pautas de convivencia imprescindibles en una sociedad democrática y de hábitos saludables, como para el disfrute del ocio de todos los ciudadanos.

UPyD rehúye de inversiones desproporcionales en eventos o instalaciones deportivas que desvirtúen el valor del deporte en nuestra ciudad en tanto que pudieran causar endeudamiento.  Por ello, proponemos la realización periódica de auditorías que evalúen el nivel de transparencia, eficiencia y accesibilidad de los ciudadanos a las instalaciones deportivas públicas.

UPyD cree que es vital la promoción y el fortalecimiento del tejido asociativo deportivo y los clubes de barrio y de distrito como eje del desarrollo, promoción y práctica del deporte entre los vecinos, como alternativa de ocio saludable.

Proponemos la integración de circuitos y áreas de ejercicio físico en Los Barrios.

Por todo ello, UPyD propone:

La elaboración de un plan director del Deporte en Los Barrios, con la participación e implicación de todos los agentes públicos y privados que intervienen en la práctica deportiva, la actividad física y el ocio recreativo deportivo, con el objetivo prioritario de promocionar políticas deportivas efectivas.

La realización de un análisis exhaustivo de las dotaciones de infraestructuras deportivas en todo el municipio, para subsanar las deficiencias que se determinen en los diferentes barrios y distritos y en especial la puesta en marcha de un plan de sostenibilidad y ahorro energético en todas las instalaciones públicas deportivas del municipio.

Fomentar circuitos cardiovasculares en los parques y jardines de Los Barrios y en cualquier caso, la adecuación de todas las instalaciones deportivas municipales para la práctica del deporte por parte de los ciudadanos con discapacidad.

Incorporar circuitos y áreas de ejercicio para personas mayores en zonas verdes, parques y espacios públicos vacíos e inutilizados en armonía con el barrio o entorno en el que se inscriban.

Creación de una aplicación para móviles para gestionar el alquiler de las instalaciones deportivas, tales como las pistas de fútbol 11, futbol 7, futbol sala, baloncesto, tenis, pádel, etc., con el objeto de fomentar el deporte, tener disponibles las instalaciones en internet para que puedan ser alquiladas las 24 horas desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazamiento facilitando el pago a los usuarios.

Turismo

En la coyuntura actual, el Turismo es un factor socioeconómico clave para el municipio andaluz independientemente de su población, tamaño o principal sector productivo. UPyD contempla el Turismo desde una perspectiva generadora de desarrollo, economía y empleo tanto a nivel regional como local. Desde nuestro partido, proponemos un Turismo sostenible en términos medioambientales y patrimoniales que promueva en su actividad el valor añadido que implica la generación de empleo e ingresos.

UPyD pretende que desde los ayuntamientos se alcance el mayor grado de concienciación posible en cuanto a la función del Turismo en los procesos de desarrollo económico y social así como las oportunidades que supone la opción de la sostenibilidad y las oportunidades que ofrece para la ciudad en cuanto a posibilidades de emprendimiento y empleo.

Entendemos que este motor de creación de empleo y riqueza debe ser una de las principales prioridades de nuestro pueblo. Desde el Ayuntamiento, pondremos en valor nuestra riqueza patrimonial e histórica, nuestra oferta museística, cultural y gastronómica, así como nuestras infraestructuras, eventos, y nuestro tejido empresarial y comercial. Todos estos factores son fundamentales para la consolidación de este sector.

La crisis financiera en la que nuestras instituciones se encuentran inmersas  por culpa de la mala gestión de los partidos gobernantes ha paralizado muchas de las inversiones proyectadas para este período, como por ejemplo la explotación eficaz y sostenible del Parque Natural de Los Alcornocales; el sector turístico ha sido uno de los grandes perjudicados por los drásticos recortes presupuestarios.

Consideramos urgente realizar un análisis detallado y fundamentado en las necesidades efectivas del sector en nuestra ciudad, que permita poner en marcha un plan director de promoción y desarrollo turístico a largo plazo para que Los Barrios se consolide como centro turístico a nivel nacional.

Es necesario consolidar una imagen de marca y calidad integral de los servicios públicos y privados de Los Barrios, especialmente de hostelería y gastronomía, en colaboración con todos los sectores estratégicos empresariales, culturales y educativos implicados.

Apelamos a la colaboración de todos los agentes públicos y privados, partiendo de la base de que los atractivos turísticos de Los Barrios deben entenderse como un patrimonio colectivo y compartido por todos. En esta labor conjunta el Ayuntamiento debe asumir el liderazgo y la coordinación de los distintos agentes del sector: atención en los servicios turísticos, seguridad, embellecimiento y limpieza de las vías públicas, etc.

En relación con lo anterior, UPyD propone:

El Ayuntamiento de Los Barrios debe impulsar la actuación coordinada en materia turística, a través de la presentación un plan director estratégico que implique a las diferentes Administraciones (nacional, autonómica y local) y permita desarrollar de forma racional y eficiente las potencialidades que la industria turística posee en nuestra ciudad.

Revisar el marco normativo para simplificar y adecuar la reglamentación municipal, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la iniciativa empresarial.

Llevar a cabo una exhaustiva evaluación de la eficacia de las infraestructuras turísticas y una auditoría de gestión para la reasignación de esfuerzos y fondos, mediante la elaboración de un catálogo de necesidades que permita establecer los recursos financieros, dotacionales y de infraestructuras.

Potenciar la formación continua y el reciclaje en todos los niveles profesionales del sector turístico, desde dirección y gerencia hasta atención al público, con especial hincapié en el dominio de lenguas extranjeras.

Profundizar en la adaptación del sistema nacional de cualificaciones y formación profesional a las especificidades del sector y potenciar los sistemas de reconocimiento y acreditación de competencias profesionales. En esta línea, UPyD propone luchar decididamente contra el intrusismo en el sector turístico, ya que causa graves daños a las empresas del sector y atenta contra la imagen de calidad turística de nuestra ciudad.

Protección de Consumidores

La protección del consumidor abarca áreas como la prevención, la formación y la información de la ciudadanía acerca de sus derechos al establecimiento de mecanismos adecuados para la resolución de conflictos.

UPyD impulsará políticas de promoción y protección de los derechos de los consumidores dando especial importancia a la salud del consumidor, así como planteará programas que ayuden a la coordinación entre las distintas administraciones para agilizar las intervenciones y evitar duplicidades innecesarias.

Entre las medidas a adoptar consideramos prioritarias:

El establecimiento de un servicio de información y educación de los consumidores, estableciendo los cauces adecuados para ello, de acuerdo con las necesidades de cada localidad, pudiéndose contar para tal fin con la colaboración de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios, tal y como establece la Ley Andaluza.

Para optimizar los recursos se puede establecer a través de Convenios con otros Municipios.

El fomento, divulgación y, en su caso, gestión del sistema arbitral de consumo entre usuarios y empresas de la localidad.

Realización de un programa de actividades en materia de Consumo, que permita a la ciudadanía una aproximación a esta materia a través de charlas en centros educativos, centros cívicos, asociaciones, etc.

PyMES y Autónomos

Desde UPyD consideramos que en la actual coyuntura de crisis y recesión social y económica implica una mayor apuesta por la capacidad emprendedora y creadora de nuestros ciudadanos.

Por ello, debemos llevar a cabo una política municipal que favorezca a los colectivos que más dinamizan nuestra economía local, especialmente, las PyMES y los trabajadores autónomos.

Proponemos desde UPyD:

Simplificación de los procedimientos y reducción de costes en tiempo y dinero de la gestión de licencias de apertura de establecimiento o actividad productiva.

En coordinación con las asociaciones de empresarios, desarrollaremos herramientas, proyectos y programas que sirvan de ayuda real y efectiva a las PyMES para su crecimiento y evolución.

Revisión y en su caso disminución drástica o eliminación de todos los gastos superfluos y extraordinarios de cargos públicos, de oficinas que el consistorio haya creado para la información, formación, fomento o gestión desde el ayuntamiento para las PyMES cuya efectividad no sea medida y pesada de manera efectiva y su eficiencia bien contrastada y realmente demandada por sus beneficiarios.

Compromiso para la eliminación preferente de la deuda municipal con PyMES y autónomos; deuda cuyo origen sea el retraso en el pago del Ayuntamiento de compras de bienes o servicios a las PyMES en el pasado, así como la asunción de los costes financieros que el retraso en el pago pudiese ocasionarles.

En caso de ruptura unilateral e inesperada de los compromisos del consistorio adquiridos con las PyMES, por ejemplo, ruptura unilateral de los contratos de largo plazo, el Ayuntamiento deberá devolver de forma inmediata las fianzas, agilizará la tramitación de las nuevas licencias por el cambio obligado de domicilio, facilitando los plazos adecuados para la mudanza-traslado, en los casos de alquileres por ejemplo, y otras medidas de ayudas para afrontar estos gastos inesperados por el perjuicio causado al empresario por la administración.

Participación Ciudadana

El tema de la participación ciudadana constituye en la actualidad el objeto de uno de los debates centrales en el ámbito del gobierno local, y posiblemente el detonante de esa preocupación ha sido la reducción casi generalizada en el contexto europeo de la participación electoral de los ciudadanos, que se considera como una manifestación de su desapego o hastío por los asuntos públicos, replegándose a la esfera de sus intereses personales y privados.

Pero esto no significa que se haya producido una derrota de la acción colectiva a manos del individualismo, pues la vida asociativa está más bien en fase expansiva y la desconfianza de los ciudadanos hacia la política refleja una mayor propensión a exigir cuentas a los poderes públicos.

Este planteamiento conduce a una primera conclusión, que es la de que la participación de los ciudadanos en la política local no se encuentra en declive, sino sencillamente ha cambiado de forma, y que los ciudadanos están más interesados por formas directas, informales, flexibles y puntuales de participación, y no tanto en compromisos continuos, lo que obliga a los gobiernos locales a adoptar posiciones abiertas y transparentes.

Y para que la participación en la vida política se prolongue y consolide, hay que adaptar los procesos de toma de decisión a los deseos de los ciudadanos, utilizando tanto mecanismos de participación indirecta para el ejercicio de los derechos electorales, como la participación directa y la participación a través de las asociaciones.

Uno de los primeros actos políticos y normativos importantes referentes a estas cuestiones fue la Recomendación N° R (81) 18 del Comité de Ministros a los Estados miembros, referente a la participación en el nivel municipal.

Esta Recomendación, aprobada el 6 de noviembre de 1981, se basaba en una Resolución de la 3ª Conferencia de Ministros europeos responsables de las entidades locales (Estocolmo, 1978) y en las conclusiones de la Conferencia de Madrid (Madrid, 1980).

Las líneas directrices anejas a la Recomendación N° R (81) 18 marcaron profundamente la profundización posterior en este terreno. Insisten, entre otros aspectos, en la necesidad de:

·         Intensificar la comunicación entre los ciudadanos y sus representantes electos;

·         Mejorar las posibilidades de participación, en especial de los ciudadanos que tienen más dificultades en participar activamente;

·         Incrementar el influjo de los ciudadanos en la planificación municipal, en las decisiones estratégicas para la entidad local y en sus condiciones de vida; y

·         Favorecer la participación de los residentes extranjeros.

En esta línea de actuación proponemos:

Garantizar el derecho de los ciudadanos a tener acceso a una información clara y completa y a participar en las decisiones importantes que afecten a su futuro.

Buscar nuevas vías dirigidas a reforzar el espíritu de ciudadanía y a promover una cultura de la participación democrática compartida por las comunidades y las autoridades locales.

Descartar las soluciones demasiado rígidas y permitir la experimentación, privilegiando las autorizaciones frente a las prescripciones; prever, en consecuencia, una amplia gama de instrumentos de participación, así como la posibilidad de combinarlos y de adaptar, según los casos, su utilización.

Descartar las soluciones demasiado rígidas y permitir la experimentación, privilegiando las autorizaciones frente a las prescripciones; prever, en consecuencia, una amplia gama de instrumentos de participación, así como la posibilidad de combinarlos y de adaptar, según los casos, su utilización.

Partir de una profunda evaluación de la situación referente a la participación en el nivel local, fijar los hitos apropiados y prever un sistema de seguimiento que permita controlar su evolución, a fin de identificar las causas de las tendencias positivas o negativas en la participación de los ciudadanos y medir el impacto de los mecanismos adoptados.

Hacer posible los intercambios de información sobre las mejores prácticas de participación entre los ciudadanos de un mismo país y los de diferentes países, sostener el aprendizaje recíproco de las entidades locales sobre la eficacia de los diversos métodos de participación y garantizar que el público sea informado plenamente de toda la gama de oportunidades disponible.

Conceder una atención especial a la situación de las clases de ciudadanos que se enfrentan a las mayores dificultades para participar activamente o que, de facto, quedan al margen de la vida pública local.

Reconocer la importancia de una representación equitativa de las mujeres en la política local.

Promover por los medios apropiados, incluida la elaboración de códigos de conducta la adopción por los electos locales y las Administraciones locales de comportamientos adecuados a normas éticas elevadas, y velar por el respeto a esas normas.

Con estas premisas podemos establecer las siguientes medidas:

Publicación de los órdenes del día de las sesiones del Pleno; inclusión en esas sesiones de turno de preguntas y respuestas de los ciudadanos; publicación de las actas de las sesiones y de los acuerdos.

Garantizar y favorecer el acceso de cualquier ciudadano a las informaciones referentes a los asuntos locales (creación de oficinas de información, de centros de información, de centros de documentación y de bases de datos accesibles al público, utilización de las tecnologías de la información, simplificación de trámites administrativos y reducción de los gastos de obtención de copias de documentos; etc.).

Garantizar una información adecuada sobre las estructuras administrativas y sus organigramas, e informar á los ciudadanos que están directamente afectados por un procedimiento en curso del estado del mismo y de la identidad de las personas responsables.

Crear una verdadera democracia de proximidad a través de mecanismos como:

·         Crear en el nivel inframunicipal órganos electos o compuestos por electos, dotados de funciones consultivas y de información y, eventualmente, de poderes ejecutivos delegados.

·         Crear en el nivel inframunicipal oficinas administrativas destinadas a facilitar los contactos entre la Administración local y los ciudadanos.

·         Adoptar en cada zona una perspectiva integrada para la organización y la oferta dé servicios a los ciudadanos, basada en la escucha a los ciudadanos y adaptada a sus necesidades.

·         Estimular la implicación de los ciudadanos en el diseño y la ejecución de los proyectos que afectan directamente a su entorno, tales cómo, por ejemplo, la creación y el mantenimiento de espacios verdes y de zonas deportivas, la lucha contra la delincuencia, etc.

Los Barrios y sus núcleos de población

La Villa de Los Barrios y sus Barriadas: Palmones, Los Cortijillos, Ciudad Jardín, Guadacorte, La Dehesa, La Vega del Golf, Las Presas y Puente Romano, serán objeto de estudio para mejorar entre otras cuestiones, las siguientes:

• Accesibilidad y barreras arquitectónicas
• Necesidades sociales
• Transporte e infraestructuras
• Instalaciones deportivas
• Espacios verdes
• Parques infantiles
• Equipamiento municipal

Es necesario establecer un orden de prioridades, donde prime la congruencia y las necesidades reales de los vecinos de Los Barrios. Para ello se hace imprescindible la comunicación con las asociaciones de vecinos o colectivos afectados, de todos los núcleos poblacionales.